La justicia según el color de la piel en Estados Unidos

De los ocho reos que esperaban el pasado mes de junio su ejecución en cárceles estadounidenses, siete eran afroamericanos o hispanos. De los 1.838 fiscales de distrito que hay en los estados donde la pena de muerte está aún vigente, 22 son hispanos y 22 son afroamericanos. De las 820 personas que han perdido la vida por decisión de un juez desde 1977, año en que se restauró la pena de muerte en Estados Unidos, casi tres cuartas partes pertenecían a estas minorías. Son algo más que casualidades, indicios de racismo en el sistema judicial de Estados Unidos. Mientras que los afroamericanos y los hispanos son una minoría en la sociedad estadounidense, en la cárcel son una gran mayoría. El 63% de los presos pertenecen a estas dos razas o etnias. Según la organización Human Rigths Watch, sus miembros tienen entre 12 y 17 veces más probabilidades de ir a prisión que los blancos. En los mismos crímenes, la justicia se comporta de manera distinta según el color de la piel. Así, si un negro mata a un blanco, el fiscal pedirá que se le impute la máxima pena, que en muchas ocasiones será la muerte. Sin embargo, si un blanco mata a un negro, la pena será menor y, en ocasiones, dependiendo del abogado, de las irregularidades que pueda tener el caso, podrá llegar a ser absuelto. Además, en los juicios a afroamericanos o hispanos es práctica habitual que los jurados estén formados exclusivamente por miembros de raza blanca. Esto lo reconoce la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (NCADP, en sus siglas en inglés), que afirma que el 81% de los condenados a muerte fueron encontrados culpables en crímenes con víctimas blancas. En estados como Utah, donde aún es legal que un preso pierda la vida ante un escuadrón de armas de fuego, las penas a los negros son once veces mayor que las de los blancos. En el sistema judicial estadounidense, el 91% de sus miembros son blancos. Tener prejuicios por el color de la piel, por religión o por etnia distinta no es moralmente aceptable. Pero lo es aún menos cuando se juega la vida de seres humanos. Es imperdonable, que en casos como el de Javier Suárez Medina, hispano, condenado a muerte y que apeló ante la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, uno de los jueces que la componían ni siquiera se presentara a la sesión. El año pasado Javier fue ejecutado, ¿tan poco vale la vida de una persona?
El 1 de enero de 2003, 3.700 personas residían en el llamado Corredor de la Muerte. La mayor parte pertenece a razas distintas a la blanca. Fueron detenidos por blancos, acusados por blancos, defendidos por abogados de oficio blancos y juzgados por blancos. Desde 1977, más de 107 presos estadounidenses abandonaron el corredor porque se les consideraron inocentes en juicios posteriores. ¿Cuántos asesinados por orden del estado serían inocentes de los delitos de los que se les acusaban? Caso aparte es el de Mumia Abu-Jamal. Ex-pantera negra, ejercía de periodista haciendo especial hincapié en la violencia y el racismo del departamento de policía de Filadelfia. En el año 1982 fue condenado a muerte acusado de asesinar a un policía blanco. Dos meses después del crimen, los policías que le llevaron herido al hospital en la noche del crimen “recordaron” que Mumia se declaró culpable en la ambulancia. Las declaraciones de algunos miembros del hospital que negaban esto no fueron admitidas. Han sido muchas las iniciativas por un nuevo juicio pero nunca se ha llevado a cabo, a pesar de las decenas de irregularidades que se cometieron en el primero. Fue condenado por Albert Sabo, conocido como el “juez de la horca”, el juez con mayor número de condenados. 21 años lleva Mumia en la cárcel esperando a morir, sin que se atrevan a ejecutarlo ante el miedo de la respuesta de la sociedad negra. Es un caso similar al de Rubin, “Hurricane”, Carter, boxeador negro que esperó durante 19 años la muerte hasta que se reabrió el caso y fue considerado inocente. Los tiempos en que los negros eran considerados meros esclavos y tenían el acceso restringido a espacios públicos, afortunadamente, se acabaron, pero parece que algunos se quedaron muchas décadas atrás. Los sistemas judiciales deben ser el modelo máximo de igualdad. Todos somos iguales ante la justicia. Si esto no se cumple, es imposible creer en un sistema que para más delito, se basa en la venganza y en causar daño.